Acapulco Infierno en el paraíso

Acapulco Infierno en el paraíso  

9 de Noviembre. Tlapa de Comonfor  (Tlachinollan ). Lo que hoy vivimos en el puerto de Acapulco es un preludio de lo que puede suceder en el próximo año en todo el estado de Guerrero: los grupos delincuenciales han demostrado que tienen suficiente poder para controlar la principal plaza de la entidad, y están en condiciones de lograrlo en las demás regiones, como está sucediendo en la Tierra Caliente y la Costa Grande.

Desde los primeros granadazos que explotaron en las instalaciones policiacas de Acapulco, a principios del sexenio zeferinista, se vislumbraba un escenario violento que requería una intervención inmediata y contundente por parte de los tres niveles de gobierno.

Ninguna autoridad tomó la iniciativa para prevenir un desenlace fatal. Todos se desentendieron y dejaron que los grupos delincuenciales afinaran sus métodos de cooptación, infiltración y control de las corporaciones policiacas.  Los hechos deleznables que han estremecido a la población local y a la comunidad internacional han evidenciado las fallas estructurales que vienen arrastrando las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia. Caímos en la vorágine de la barbarie por la falta de decisión y de oficio políticos de las autoridades estatales, que prefirieron mantener los privilegios de los grupos caciquiles al interior de las instituciones, para lograr una falsa gobernabilidad. El interés genuino no fue transformar de fondo a las instituciones, sino usar el poder para hacer grandes negocios. Lo prioritario fue controlar las finanzas, imponer un modelo empresarial a la administración pública y dar certeza legal a los dueños del dinero para que invirtieran en Guerrero.

El paraíso de los ricos perdió su encanto cuando los poderes fácticos de la economía criminal tomaron la plaza e impusieron su ley. Las autoridades municipales son una calca de un poder disminuido, desdibujado, supeditado a poderes opacos que en los hechos controlan el territorio, tienen su propio ejército, aplican sus leyes, cuentan con recursos financieros, tienen una amplia red de socios y aliados y ejercen un poder autárquico. Son un Estado dentro del Estado, que disputa palmo a palmo el poder, los espacios públicos, los mercados, las rutas y los negocios.

El éxito de estas empresas contrasta con el fracaso de la acción gubernamental que en lugar de aliarse con la población se ha ensañado contra ella. Los negocios del crimen florecen y tienen grandes dividendos. Se extienden más allá de las fronteras estatales y nacionales, nada ni nadie los detiene. Por su parte, el gobierno ha claudicado en implementar una lucha frontal contra el crimen, lo ha dejado crecer dentro de sus propias estructuras, transformándose en un rehén más. Lo grave es que parte de su personal trabaja para las empresas criminales, porque no tienen controles internos y porque no hay autoridad que se imponga y que esté libre de culpa.

En este mismo puerto se libra otra batalla; la lucha de los candidatos por la gobernatura. Es impresionante ver cómo los políticos implementan sus propios métodos para calentar la plaza; se disputan el mercado electoral, buscan tener el control de las colonias, tienen un equipo que trabaja subrepticiamente para minar el avance del adversario, y en la mejor oportunidad, usan sus mejores armas para desprestigiarlo y mermar su fuerza.

Esta disputa del poder hace tabla rasa de los hechos sangrientos que suceden en las mismas calles donde hacen campañas. Callan lo que toda la gente ve y sufre cotidianamente, se abstienen de hablar de estos temas escabrosos para no arriesgar nada, ni comprometerse con nadie. Da la impresión de que a los candidatos no les incumben los temas de la narcoviolencia, la inseguridad, la falta de justicia, la impunidad, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. No le entran al toro, sólo se dedican a hacen faenas y se quedan con la diatriba y las frases huecas.

La población del puerto ha sido víctima de múltiples engaños de los grupos políticos que siguen controlando a los colonos a través de un sistema clientelar que pasa por servicios básicos como el agua, la pavimentación de calles, el drenaje, la construcción de escuelas o de canchas de básquetbol, es decir, lucrar con las necesidades de la gente para adquirir una imagen falaz que forma parte de una identidad ridícula de lo que viene a ser un gobernante.

Las comunidades campesinas de Acapulco viven en una especie de apartheid; no tienen derecho a los servicios básicos, tampoco tienen derecho a explotar sus propios recursos. Están destinados a vivir sin agua en sus casas y con las aguas negras corriendo por las calles. A los jóvenes se les niega el derecho de terminar su educación media superior en sus propias comunidades, están destinados a ser mano de obra barata en los hoteles de lujo del Acapulco Diamante. Son indispensables para los trabajos domésticos y para las labores del campo.

Este abandono secular, en lugar de cuestionar el modelo económico implantado por los políticos, refuerza su posición de que estos territorios están desaprovechados, por la falta de visión de los campesinos. En lugar de atender las causas de esta desigualdad que existe entre el jet set de Acapulco y la clase trabajadora que se subemplea en el sector terciario, los nuevos gobiernos empresariales se empeñan en expropiar las tierras para construir la presa hidroeléctrica La Parota.

De manera irresponsable las elites políticas del estado han urdido un plan de desarrollo que para nada toma en consideración la opinión de los campesinos, quienes son los verdaderos dueños de estas tierras. Actualmente en la ciudad de México, el director de la Comisión Federal de Electricidad ha cabildeado con actores claves en la Cámara de Diputados para asegurar un presupuesto millonario para el 2011 destinado a la construcción de la presa.

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota ha sido emplazado por los políticos para demostrar su capacidad y su fuerza ante esta arbitraria decisión. De manera irresponsable las autoridades del estado están caldeando los ánimos y vuelven a atizar un conflicto innecesario, en lugar de buscar el diálogo y la consulta con los campesinos.

Los candidatos a gobernador también se han vuelto cómplices de esta imposición que a todas luces atenta contra la paz social y contra el patrimonio de los verdaderos dueños del río Papagayo.

En lugar de enfrentar al crimen organizado las autoridades utilizan a los policías para amedrentar y reprimir a los campesinos. Los obligan a realizar acciones en contra del pueblo, por eso ahora tenemos videos en Youtube donde aparecen imágenes que nos hablan de la grave descomposición política que vivimos a causa de la corrupción y de la convivencia con el crimen organizado.

Son los políticos y sus planes aviesos los que han hecho de Acapulco un infierno.

Es un organismo no gubernamental, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, que ha acompañado desde hace 15 años a los pueblos Nauas, Na Savi (Mixtecos), Me' phaa (Tlapanecos), Amuzgos y Mestizos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero en su lucha por por la justicia y por el pleno respeto a sus derechos humanos. Su Director, Abel Barrera Hernández, se hizo acreedor al premio Robert F. Kennedy 2010, que otorga el Centro de Derechos Humanos RFK, con sede en Washington. En los últimos dos años, el Centro Tlachinollan ha sido reconocido con los premios internacionales de la Fundación Mc Arthur, en 2008; por la Washington Office for Latin America (WOLA) y Global Exchange, ambas en 2009. http://www.tlachinollan.org